El costo humano del conflicto no se agota en los indicadores de desarrollo humano. Es así como comienza el capitulo 5 del informe del desarrollo en Colombia de 2003 que los alumnos de segundo año de filosofía del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga del año 2008 han expuesto para la clase de sociología, con el objetivo no solo de estar informados sobre la problemática de nuestro país, sino también de tomar conciencia como futuros pastores de la iglesia católica llamados a anunciar el reino de Dios pero también a denunciar aquellas cosas que van en contra de la vida como primer don que recibimos departe del Señor. En este artículo mostrare el resumen del capitulo 5 del informe del desarrollo en Colombia para las naciones unidas y después daré un punto de vista sobre quienes son los responsables de esta guerra que día a día nos va acabando y peor aun endureciendo el corazón.
Informe del desarrollo en Colombia para las naciones unidas 2003.
El costo humano del conflicto no se agota en los indicadores de desarrollo humano. El impacto más obvio y dramático está sobre las víctimas directas de la guerra. El conflicto da lugar a seis tipos de agresión: el primero contra otros combatientes (lo que corresponde a homicidios no proscritos por el Derecho Internacional Humanitario), y los otros cinco, todos ellos proscritos: contra la población civil, contra población en situación de desplazamiento, contra quienes sufren los llamados daños colaterales, contra las poblaciones que se busca aterrorizar, y contra las personas que se secuestran.
La población que en forma indirecta apoya a un grupo armado no puede ser considerada combatiente. Su responsabilidad es estrictamente penal. De modo que el homicidio fuera de combate es la expresión más clara de la violencia contra las periferias reales o supuestas del adversario. Muchos de esos homicidios tienen lugar en forma de masacres, las cuales aumentaron en un 40% en 2000, pero se redujeron en 21% en 2001 y en un 40% adicional en 2002. Con la cantidad de víctimas ocurrió lo mismo: creció 51% en 2000 pero decreció 26% en el año siguiente y otro 37% en 2002. Hay que advertir que el alivio reportado para 2002 es aparente, producto del rezago de entre tres y cuatro trimestres entre los hechos y la fecha de corte, y de los mayores obstáculos para recopilar información, derivados de la intensificación del conflicto en 2001. También hay que considerar que las desapariciones forzadas con móviles políticos son asimilables a los homicidios políticos ya que excepcionalmente la víctima aparece con vida. Los desplazados son el grupo más numeroso de víctimas del conflicto. A finales de 2002 los desplazados ascenderían a unas 865.000 personas ?unos 185.000 hogares.
El capítulo usa dos índices para expresar la magnitud relativa del fenómeno: el de intensidad y el de presión del desplazamiento de los diferentes departamentos del país.
El primero resulta de dividir el número de personas que han abandonado sus asentamientos habituales en determinado departamento, por la población de dicho departamento; el segundo resulta de dividir el número de desplazados que hay en el departamento. Los departamentos más pobres presentan los índices más elevados de intensidad y de presión: Córdoba está en la peor situación en ambos: casi el 10% de sus habitantes ha huido de sus asentamientos y los desplazados localizados en el departamento equivalen a un poco más de ese porcentaje de su población. En intensidad del desplazamiento Putumayo supera a Córdoba, y en presión Sucre escolta a Córdoba.
Los ataques deliberados contra la población civil para controlarla sobre la base del pánico, constituyen actos terroristas. Los más comunes son las “tomas guerrilleras”. Entre 1997 y 2002 se dieron 35 "tomas" anuales en promedio. Otros actos son la siembra de minas antipersona y la explosión de artefactos explosivos abandonados.
El total de víctimas de minas entre 1990 y 2002 fue de 1.514. Los grupos paramilitares son los mayores autores de las violaciones graves de los derechos humanos y el DIH, pero la guerrilla los supera en secuestros e incidentes con minas, y en ataques terroristas o con efectos colaterales contra la población en general.
Las mujeres son también blanco directo de acciones violentas (367 asesinadas y 26 desaparecidas entre julio de 2001 y junio de 2002), víctimas incidentales de agresiones previas o simultáneas a esas acciones, son víctimas también en su calidad de miembros de redes de relaciones familiares afectadas por el conflicto, y padecen actos de violencia sexual o de menoscabo de su libertad sexual.
El Informe usa un índice de no degradación de la guerra que se obtiene de dividir homicidios en combate o no proscritos por el DIH entre la suma de esos mismos homicidios más los homicidios proscritos (fuera de combate) y las desapariciones forzadas. El resultado es una disminución de la no degradación (más degradación) entre 1997 a 2001: de 34.7 a 27.4, y un aumento de la no degradación (menos degradación) en 2002: 47. Ese aumento puede significar un breve reflujo transitorio en la degradación asociado con la negociación gobierno – autodefensas, y con la posible estrategia elusiva de las FARC.
Es claro que los problemas de nuestro país tienen responsables pero:
¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES?
Colombia es un país que durante los últimos cincuenta años no logró importantes avances ni el plano educativo, ni en el económico y menos en materia de competencia ciudadana. La nación sigue postrada en una violencia política cada vez más cruel, y con problemas sociales, como el desplazamiento forzado de miles de compatriotas que aumentan la marginalidad, pobreza, y exclusión, en las principales ciudades del país.
Las autodefensas, organizaciones patrocinadas por terratenientes y ganaderos colombianos, como veíamos en la exposición de uno de los compañeros del seminario, en sus orígenes convertidas bandas de criminales que competían inicialmente y en contra de la subversión, por el control económico y político de importantes regiones en país, hoy se encuentran en proceso de desmovilizarse como resultado de un eventual acuerdo con el gobierno
Las guerrillas, conformadas por cuadrillas, generalmente de campesinos excluidos, que bajo una ideología revolucionaria, combinan todas las formas de lucha en procura de influir y sobre todo de ampliar su accionar subversivo en contra del Estado, secuestran, extorsionan, asaltan poblaciones, saquean, vuelan oleoductos e infraestructura de servicios públicos. Hoy están arrinconadas, ante la feroz arremetida de las Fuerzas Armadas del presidente Uribe, y en los últimos combates han perdido buena parte de los coroneles de la subversión.
Los colombianos identifican al ELN como a las FARC y las bandas del paramilitarismo como los actores más influyentes del conflicto. Obviamente que el ejercito, la policía y algunas organizaciones del Estado, víctimas de la guerra, también terminaron realizando acciones brutales en contra de la población civil.
La sociedad civil colombiana no ha podido construir un movimiento que logre una sólida resistencia civil en contra de las fuerzas del paramilitarismo como de la subversión y, por el contrario, se ha convertido en el principal blanco de las acciones terroristas, los secuestros y las "vacunas";hechos que han generado gran preocupación por parte de los organismos internacionales, quienes cada vez están más alarmados por la situación, la que cada vez es más grave en lo que respecta a la violación sistemática de derechos y libertades fundamentales en Colombia.
La guerra inútil que vive este país, no sólo afecta a los pobladores del campo, los mismos que son obligados a desplazarse abandonando sus tierras y pertenencias, sino también a los habitantes pobres de las grandes ciudades que, una vez atrapados en los cinturones de la miseria de las grandes capitales, son víctimas de organismos que practican la llamada "limpieza social", abominable crimen, que pretende liberar a las ciudades de su indeseable presencia, según atestiguan las denuncias de organismos no gubernamentales que claman y luchan a favor de los derechos humanos.
La salida al actual conflicto armado, la construcción de una sociedad más democrática y civilizada, sólo es posible si se supera la violencia y la guerra sucia de los organismos de "limpieza social"; y, sobre todo, si se afecta el negocio del narcotráfico, principal agente financiador del conflicto armado.
El estado de degradación y los deplorables excesos de la guerrilla obligaron al anterior presidente de la república, Andrés Pastrana, a liquidar el proceso de negociación iniciado con las FARC, el mayor grupo insurgente en Colombia. Esto también deja mucho que decir a la hora de buscar responsables para esta guerra inútil.
Por otro lado, no es prudente hacerse ilusiones de paz por la eventual entrega de hombres y armas de organizaciones paramilitares. Y menos en los momentos en que la violencia crece, día a día en el país. No tiene sentido que se hable de evaluar competencias ciudadanas en las instituciones educativas del país. Para esto es preciso primero fortalecer la comprensión de la cuestión humanitaria, el conflicto armado interno y fortalecer el diálogo, la concertación, el poder ciudadano en el seno de las comunidades en contra de toda forma de intolerancia que propicia la violencia y la guerra.
De igual forma, la familia de los más pobres, en Colombia, se ha convertido en el núcleo donde nacen y se reproduce el odio; la violencia familiar que pasa por el maltrato al menor, a la esposa, el abuso sexual; manifestaciones de incompetencia ciudadana que ratifica la incapacidad tanto de la sociedad como del sistema educativo en formar competencias cívicas.
A la hora de hablar de los responsables debemos llevarnos la mano al corazo y mirar si con nuestras actitudes han contribuido a que este problema siga empezando desde nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio y las mismas relaciones con nuestra sociedad.
CARLOS ENRRRIQUE HERNANDEZ MONSALVE
III SEMESTRE DE FILOSOFIA… SEMINARIO MAYOR DE BUCARAMANGA.